Según el nuevo Reglamento 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior número 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014  describe la firma electrónica avanzada, según los requisitos descritos en el artículo 26, como la siguiente firma:

a) estar vinculada al firmante de manera única;

b) permitir la identificación del firmante;

c) haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y

d) estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.

 


Hay que tener en cuenta que las leyes de diferentes países se aproximan a las de la Unión Europea.


 

Esta definición se ha visto modificada respecto a las normativas previas, tanto la ley de firma electrónica española, (Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, como de la europea (Directiva Europea 1999/93/CE) de 13 de diciembre de 1999 que establecía un marco comunitario para la firma electrónica, ampliando el concepto de exclusivo control en relación con los dispositivos de creación de firma incluyendo que el firmante lo pueda utilizar con un alto nivel de confianza. El espíritu de esta nueva redacción parece estar pensando en dispositivos de creación de firma que aún estando bajo exclusivo control de firmante se ubique en dispositivos que no sean hardware, por ejemplo en software o incluso en dispositivos en la nube.

Para conocimiento de los lectores, el nuevo reglamento europeo es ya un marco de referencia para los proyectos de firma electrónica y de facto, como es un reglamento es directamente aplicable, derogando, según su artículo 50, la directiva europea 1999/93/CE con efectos a partir del 1 de julio de 2016.

¿Cuál es el efecto jurídico de las firmas electrónicas?

En la sección 4 del nuevo reglamento, artículo 25, se habla de los efectos jurídicos sobre las firmas electrónicas. El nuevo reglamento declara lo siguiente:

  1. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada.
  2. Una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.
  3. Una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como una firma electrónica cualificada en todos los demás Estados miembros.

 

Asimismo, las firmas electrónicas, con independencia de su nivel de cualificación legal, pueden ser utilizadas por las partes de una relación jurídica, con la eficacia que ellos mismos pacten. Así lo recoge el artículo 3.10 de la Ley de Firma Electrónica.